La medida, que deberá ser aprobada por unanimidad por los 27 estados de la UE, afectaría al carburante de automoción y a la calefacción.
La Comisión Europea (CE) propone que los impuestos aplicables a combustibles de automoción y calefacción, entre ellos podrían afectar al carbón, tengan en cuenta las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y el consumo energético, para que se penalice a los carburantes más contaminantes. El objetivo de Bruselas es contribuir con esta medida a la lucha contra el cambio climático y transformar el sistema fiscal actual, que favorece a los combustibles fósiles frente a las renovables, en especial al carbón.
La CE pretende introducir una tasa de 20 euros por tonelada de CO2 y otra vinculada al consumo energético: 9,60 euros por gigajulio (GJ) para carburantes de motor y 15 céntimos de euro por GJ para combustibles de calefacción. No obstante, los países comunitarios podrán decidir excluir a los combustibles para calefacción de los hogares de la aplicación de esta medida.
Esta norma que pretende introducir la Comisión Europea supone un fuerte varapalo a la defensa del carbón y del sector minero, y a su continuidad más allá del 2018, tal y como llevan reclamando los sindicatos y los gobiernos de las regiones mineras: Asturias, Castilla y León y Aragón.
El Ejecutivo comunitario calcula que esta modificación elevará el umbral mínimo de tasación exigido en la UE para el diesel de los 330 euros por cada mil litros en la actualidad hasta los 412 euros en 2018, mientras que para la gasolina permanecerá alrededor de los 359 actuales. La propuesta debe ser aprobada por unanimidad de los 27 estados, pero tiene previsiblemente pocas posibilidades de salir adelante en la actual situación económica y el deseo de algunos países, como Reino Unido, a mantener su soberanía en cuestiones fiscales.
Sin embargo, la medida ya ha provocado cierta alarma en la industria, que asegura que se traducirá en una subida de precios, y llega cuando el Banco Central Europeo acaba de subir los tipos de interés hasta el 1,25% para corregir precisamente la inflación, impulsada por la subida de los productos energéticos, sobre todo a raíz de la crisis en el norte de África y Oriente Medio. Bruselas, en cambio, asegura que los límites mínimos que fijará la nueva medida ya son superados por la mayoría de los estados miembros, con lo que el impacto en la práctica no será drástico.
Añade que aunque la directiva está previsto que entre en vigor en 2013, se permitiría un periodo de transición hasta 2018 para respetar los umbrales de tasación mínimos y hasta 2023 para alinear los impuestos de los distintos combustibles. Esto significa que en 2018 los países podrán acogerse a la tasa mínima europea para ciertos combustibles y a la vez imponer impuestos más elevados para otros carburantes, mientras que en 2023 tendrán que elegir una tasa equitativa para todos.
España se verá afectada por el nuevo sistema de imposición, ya que su mínimo para el diesel es de 331 euros por cada mil litros, inferior a los 412 euros que quiere imponer Bruselas. El umbral español para la gasolina -424 euros por cada mil litros- es sin embargo superior a los 359 euros europeos.
Esta medida está pensada para cubrir aquellos sectores que quedan fueran del sistema comunitario de comercio de derechos de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), en el que están incluidas unas 12.000 instalaciones de las industrias más contaminantes, como las papeleras, de cemento o de vidrio. No se aplicaría el nuevo sistema a la aviación -que entrará en el ETS en 2012-, al transporte marítimo, ni a la agricultura.
2011 